Mientras las siete cuadrillas forestales de la Diputación continúan realizando diferentes trabajos de limpieza del interfaz urbano-rural de la provincia, los responsables de estas cuadrillas en las nueve provincias de Castilla y León han mantenido esta semana una reunión telemática que ha servido para intercambiar impresiones sobre el progreso de estos trabajos en la totalidad de la región y para repasar aspectos relativos a la vigilancia de la salud de estas cuadrillas.
Durante la reunión, que estuvo coordinada por Álvaro Picardo Nieto, asesor de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, los participantes tuvieron ocasión también de coordinar cuestiones técnicas de los trabajos y de proponer algunas líneas de mejora que podrían contribuir a garantizar el éxito de estas labores.
En representación de la Diputación participaron en esta reunión la jefa de Sección de Empleo, Ana Redondo, el técnico Forestal del Área, Alfonso de Benito, y la jefa de Prevención y Riesgos Laborales de la institución, Luz Marina Llorente, quienes certificaron la cooperación y el compromiso que existe entre Administraciones para el buen funcionamiento de estas cuadrillas y apoyaron la idea de que el trabajo de estos equipos repercute de manera eficiente en el territorio; especialmente en los meses de verano, ayudando a prevenir incendios en el interfaz urbano-forestal de los núcleos de población. No en vano, tal y como apunta la diputada del Área de Empleo, Promoción Provincial y Sostenibilidad, Noemí Otero, desde que las cuadrillas comenzaron a trabajar a comienzos del mes de junio, en la provincia de Segovia la superficie desbrozada supera las 120 hectáreas de pasto y matorral en 87 municipios y 42 anejos.
El programa de empleo ELMET, a través del cual la Diputación y la Junta de Castilla y León cofinancian la contratación de la treintena de personas que integran las siete cuadrillas forestales, cuenta en nuestra provincia con un presupuesto total de 450.000 euros y está enfocado a la empleabilidad de personas demandantes de empleo para la realización de obras y servicios de interés general y social, ligados a programas específicos de prevención de incendios y mejora medioambiental.