Si hace unos días Basilio del Olmo, diputado del Área de Acción Territorial, hacía balance de lo que ha sido el 2022 para su Servicio de Infraestructura y Obras, teniendo en cuenta las diferentes inversiones realizadas en proyectos para mejorar la seguridad de las carreteras provinciales, hoy el diputado comparecía en rueda de prensa para ofrecer los detalles de la planificación de la totalidad de su Área para este 2023, en el que, además del cuidado y la conservación de la Red Provincial de Carreteras, una vez más, las importantes inversiones en los pueblos de la provincia marcarán la gestión de los más de veintidós millones de euros de presupuesto con los que cuenta el Área, que podrían verse incrementados en cerca de ocho más, en caso de que finalmente la venta de las acciones de Quinta Real se haga efectiva. Para Del Olmo, sin duda, esta planificación destinada a las obras y servicios de los municipios volverá a tener un papel relevante en el devenir del territorio.
“Como es habitual en la actividad del Área, los diferentes planes de inversión ayudarán a los municipios a mejorar los servicios que prestan a sus vecinos y, a la vez, generarán un importante volumen de trabajo en el mercado laboral de nuestra provincia, contribuyendo al mantenimiento del gremio de la construcción y a la generación de empleo directo en el sector”, afirmaba el diputado, después de cifrar en 3,9 millones de euros el presupuesto destinado a infraestructuras viarias y en 14.429.042 euros la inversión total prevista en los pueblos segovianos, contando con las aportaciones en algunos casos tanto de los ayuntamientos como de la Junta de Castilla y León.
En referencia a esto último, y considerando que, de llegar a buen puerto la venta de acciones de Quinta Real, la Diputación creará un plan extraordinario para los ayuntamientos al que dotará con 6.000.000 euros más, Basilio del Olmo anunciaba que, por el momento, el PAIMP, que será aprobado en el Pleno del próximo jueves, 26 de enero, volverá a ser el proyecto más ambicioso del Área, con una inversión total de 9.428.571,42 euros, de los cuales 6.600.000 -un 10% más que en 2022- serán aportados por la institución provincial y el resto por los ayuntamientos.
Junto a los consistorios, además, la Diputación volverá a invertir, tanto en las infraestructuras rurales, contribuyendo a la mejora y conservación de los caminos con 800.000 euros -incluida la aportación municipal-, como en el equipamiento de los espacios públicos de los municipios, gracias al plan de mobiliario urbano, dotado de 600.000 euros.
Por otro lado, tal y como avanzaba Basilio del Olmo, los convenios entre la Junta de Castilla y León y la Diputación gestionados desde su Área, así como entre ambas partes y los ayuntamientos, volverán a ser de gran relevancia para los intereses de la provincia, ya que no sólo permitirán dedicar 2.414.471,33 euros de Fondo de Cohesión Territorial para la mejora y modernización de los servicios públicos de los 187 municipios con una población inferior a los mil habitantes, sino que también garantizarán, un ejercicio más, la conservación de colegios, con 300.000 euros de inversión, o el abastecimiento de agua potable en municipios. En este sentido, Basilio del Olmo avanzaba la firma de un nuevo Convenio de la Sequía, que volverá a estar dotado de 200.000 euros para subvencionar la realización de pequeñas obras de infraestructura hidráulica y el suministro de agua embotellada en localidades que presenten problemas de calidad para el consumo humano.
Por lo que respecta a la depuración de aguas residuales, vinculada a uno de los grandes compromisos del equipo de Gobierno de la Diputación a lo largo de este mandato, Basilio del Olmo apuntaba que la institución provincial contempla una partida inicial de 250.000 euros, que se irá incrementando a medida que se vayan ejecutando las obras. “Gracias al convenio suscrito con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la construcción de depuradoras de aguas residuales en municipios mayores de quinientos habitantes, a fecha de hoy está previsto la ejecución de depuradoras en treinta y cuatro municipios, de los cuales doce ya tienen los proyectos redactados y nueve están en fase de contratación”, indicaba el diputado, añadiendo que la cifra se irá ampliando a más municipios a medida que se vayan ejecutando las obras.
Finalmente, antes de pasar a ofrecer un breve repaso sobre la actividad que concierne únicamente al Servicio de Infraestructura y Obras, Basilio del Olmo completaba el cuadro de inversiones en obras y servicios a los municipios enumerando con los 300.000 euros que Diputación y Obispado volverán a afrontar la reparación de templos e iglesias; los 26.000 euros que la institución provincial dedicará al programa ‘Rehabitare’, de rehabilitación de inmuebles abandonados de titularidad municipal; los 10.000 euros de las subvenciones a grupos de Protección Civil; y los 100.000 euros para dotar a los municipios de elementos y material de extinción de incendios, a los que hay que añadir cerca de 1.000.000 de euros presupuestados en acuerdos con distintas entidades locales, con el objetivo de “lograr la mayor cobertura y actuar de la forma más rápida y eficaz en caso de incendio, accidente de tráfico o siniestro de emergencia”. Todo esto, mientras los dos parques del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Boceguillas y Palazuelos de Eresma continúan su proceso de implantación.
Conservación de la Red Provincial de Carreteras
En suma a todos estos planes de inversiones en municipios, el Área de Acción Territorial de la Diputación continuará las labores de mantenimiento y conservación de la Red Provincial de Carreteras a través de su Servicio de Infraestructura y Obras. Éste, además de arreglar por medio de sus equipos propios algunos de los caminos y vías que no estén contemplados en los planes anteriormente citados, también llevará a cabo otros proyectos; en ocasiones redactándolos y en otras también ejecutándolos.
Además, dedicará parte de su presupuesto a la reparación de edificios y maquinaria, a la reposición y colocación de señalización, a la adquisición de maquinaria y vehículos y también a la compra de zahorras, emulsiones y carburantes para la realización de diferentes actuaciones y obras en los más de 1.200 kilómetros de carreteras provinciales.
