El Pleno ordinario del mes de abril en la Diputación de Segovia ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas este mes, víctimas de la violencia de género. Desgraciadamente esta fotografía se repite en cada una de las sesiones plenarias desde hace muchos años, sin embargo, la jornada ha dejado una imagen inédita en esta legislatura, ya que la distribución de los escaños ha cambiado tras el abandono voluntario del grupo socialista de los diputados José Antonio Mateo y David Gutiérrez, que han pasado a ser no adscritos y han cambiado de ubicación. Precisamente, esta circunstancia ha venido acompañada de varios momentos de tensión en algunas intervenciones cuando ha llegado el turno de las mociones. 

Antes de ese momento, ambos han votado en el mismo sentido que el equipo de Gobierno en la aprobación de una modificación presupuestaria de 2,7 millones de euros que ha sido rechazada por el grupo socialista, mientras que los dos diputados del grupo mixto se han abstenido. Se trata de la primera modificación que se lleva a cabo desde la aprobación del Presupuesto, que contempla 1.998.000 euros de suplemento de crédito para ampliar partidas ya existentes, como por ejemplo la inversión en vehículos y vestuario para el SPEIS o el convenio con el Ayuntamiento de Segovia; y 702.000 euros de créditos extraordinarios para implementar nuevas partidas, como el Plan de conservación y reparación de retablos, ermitas e iglesias. La portavoz de IU, Ana Peñalosa ha argumentado su voto en contra en “la mala previsión y la discrepancia en algunas partidas como la destinada al arreglo de iglesias”; mientras que el diputado de Vox, Pedro Varela ha incidido en “un fallo en la planificación, pues el importe es muy elevado para no haberlo tenido previsto en el Presupuesto”. Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Máximo San Macario se ha mostrado contrario por “el importe del convenio de bomberos con el Ayuntamiento de la capital”.

En su turno, el diputado de Hacienda, Óscar Moral ha defendido la gestión del equipo de Gobierno que ha permitido que 12 de los 15 millones existentes en Remanente de Tesorería “sean fruto de una mayor consecución de recursos”, mientras que en el caso el convenio de bomberos ha explicado que la institución provincial “lleva dos años cobrando 750.000 euros de las compañías de seguros”, debido a la negociación con el actual gobierno municipal en la capital. 

Turno de las mociones

En el turno de mociones, la diputada del grupo mixto – IU ha plateado una propuesta para la mejora en el transporte público en la N-110 y la A-1 a su paso por la provincia y, con la enmienda del grupo popular, apoyada por todos los grupos, ha salido adelante por unanimidad un texto que insta a la Junta de Castilla y León a aumentar la frecuencia del transporte público en la línea cuyo itinerario circula por la N-110, así como mejorar el servicio en venta de billetes y asistencia a mayores, previa petición de los ayuntamientos afectados, así como a contemplar esta petición en el futuro mapa de transporte autonómico. Además, también apela al Ministerio de Transportes para que aumente la frecuencia y mejore el servicio de venta de billetes y asistencia a mayores en los itinerarios Aranda de Duero y Burgo de Osma hasta Madrid, así como para que desista en la supresión de paradas que se refleja en el borrador del mapa transporte estatal. Por último, la Diputación se compromete a actuar como intermediario con los ayuntamientos, a fin de que puedan pedir cambios de horarios o más frecuencias, para que se proceda a su estudio por parte de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transportes, y reflejarlos en sus respectivos mapas de transporte.

Esta cordialidad no se ha mantenido en la moción presentada por el grupo socialista para la creación de un Área específica de Vivienda en la Diputación, que solo ha contado con el voto a favor de la representante de IU, mientras que se ha encontrado con un ataque frontal por parte del ahora diputado no adscrito, José Antonio Mateo, quien ha pedido a Máximo San Macario que retirase la propuesta, acusándole de “trilero político” pues considera que “elegir las áreas que componen el organigrama le pertenece al equipo de Gobierno y usted lo que tiene que hacer es trabajar por la provincia e ir a los pueblos”. Por su parte, el diputado David Gutiérrez le ha recordado que “la Diputación no tiene competencias en materia de vivienda y usted que se ha hartado de decir que no debía jugar al Monopoly con Segovia 21, ahora quiere jugar a un Monopoly provincial”.

En este sentido, Pedro Varela, portavoz de Vox ha calificado la moción de “popurrí” y “esperpento” y ha preguntado “¿desde cuándo las viviendas municipales deben ser privadas?”, asegurando que “el colmo es que la Diputación tenga que comercializarlas” y concluyendo que “ustedes quieren expropiar, comercializar viviendas municipales siendo privadas y obligar a los ayuntamientos”. Sin duda, ha insistido, “un absoluto esperpento”. A su vez, José María Bravo ha detallado las políticas activas que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León en materia de vivienda en el medio rural, “con más de 3 millones de euros para más de 65 viviendas del Programa Reahabitare o más de 5 millones de euros con 20 viviendas en Sanchonuño y 11 en Carbonero”, mientras que se ha quedado en silencio para escenificar lo que en esta materia ha hecho el Gobierno de España en nuestra provincia. 

Para concluir, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente ha tomado la palabra para recordar “los anuncios e incumplimientos reiterados del presidente del Gobierno en cuanto a los parques de vivienda” y ha ironizado diciendo que “menos mal que presentó usted la moción antes del apagón, sino nos hubiera pedido un área de energía, para que la Diputación haga lo que el Gobierno no consigue hacer llegar a los españoles”.