El Pleno ordinario del mes de junio en la Diputación ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, en una sesión en la que se ha dado luz verde a una modificación presupuestaria de 1.137.948,15 euros que contempla, entre otras cosas, casi 772.000 euros para obras en diferentes pueblos de la provincia, así como 300.000 euros para dos nuevos vehículos del Servicio de Bomberos, entre otros asuntos. Todos los diputados han votado a favor, excepto los dos del grupo mixto (Vox e IU) que se han abstenido. 

Además, el orden del día recogía la solicitud de cesión gratuita de uso del edificio Palacio de Quintanar que ha vuelto a focalizar el debate en los usos que se le daría por parte de la Diputación y su compatibilidad con el actual proyecto cultural. Este nuevo paso supone que, una vez culminado el expediente administrativo, se ha solicitado a la Junta de Castilla y León de manera formal. El grupo popular, los diputados no adscritos y el diputado de Vox han votado a favor, mientras que los socialistas y la diputada de IU se han manifestado en contra. También se ha aprobado hoy el convenio entre la Diputación y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para incentivar la reparación, conservación y mejora de los colegios de infantil y primaria del medio rural de la provincia, con los votos a favor del equipo de Gobierno y la abstención del resto de diputados; y se ha dado cuenta de las resoluciones de modificación de inversiones del Plan de Ayuda para Inversiones Municipales en la Provincia 2026, solicitadas por los ayuntamientos.

Sin embargo, el grueso del Pleno se lo han llevado las mociones con seis propuestas presentadas. La primera, una moción conjunta de todos los diputados, excepto del representante de VOX, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ en la que se pone de manifiesto la condena a todas las formas de LGTBIfobia, el compromiso con la promoción de acciones educativas y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía del medio rural y al conjunto del personal de la institución provincial, la visibilidad en el medio rural, la coordinación institucional y el trabajo en red, así como la promoción de entornos seguros y libres de odio en espacios públicos e institucionales. 

La segunda de las mociones ha sido planteada por IU para para garantizar la accesibilidad universal de las personas sordas en servicios y actos institucionales de la Diputación de Segovia. La portavoz Ana Peñalosa ha defendido fundamental “avanzar hacia una institución verdaderamente accesible, pues la accesibilidad universal no puede entenderse como una cortesía”. Todos los diputados y grupos se han manifestado a favor de la propuesta y el diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez ha explicado los pasos que se están dando desde el equipo de Gobierno, informando de las gestiones que se han realizado con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León y proponiendo una enmienda sustitutoria que la proponente ha aceptado, de manera que se ha acordado un punto único para que la Diputación de Segovia “estudie la mejor manera de formalizar un convenio con la FAPSCL para, a través de una subvención nominativa se encargue de movilizar intérpretes de la Lengua de Signos Española cuando sean precisos para el acceso de personas sordas a los servicios de la Administración o actos públicos”.  

Por su parte, el diputado no adscrito, David Gutiérrez ha demandado el apoyo a los ayuntamientos de la provincia en el control y tratamiento de la oruga procesionaria del pino en parques, jardines y zonas urbanas. Una propuesta que busca “responder a una preocupación trasladada por diversos municipios”, porque, además “la prevención es siempre más eficaz”. La propuesta ha contado con el apoyo del diputado no adscrito, José Antonio Mateo y del diputado de Vox, Pedro Varela, la abstención de la diputada de IU, Ana Peñalosa y la oposición del grupo socialista por creer que es una moción que trata de “justificar una intervención en el Pleno porque está carente de argumentos, de datos y concreción”, tal y como ha defendido el diputado Carlos Fraile; y del grupo popular, ya que “una preocupación legítima no convierte automáticamente una propuesta en adecuada ni en viable”, como ha asegurado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez. En este sentido, sin entrar en competencias, Rodríguez ha indicado que “frente a una moción que propone más gasto, más burocracia y nuevas obligaciones sin memoria económica ni delimitación competencial, nosotros apostamos por una vía más responsable para ir mejorando los medios existentes, reforzar la asistencia técnica que ya se presta y actuar con criterios de eficacia y sostenibilidad económica”. Gutiérrez, por último, ha lamentado que su propuesta no haya prosperado, pero ha celebrado que “el debate haya puesto sobre la mesa que es una preocupación existente”.   

Solución definitiva para la Presa de El Tejo

En cuanto al grupo popular, su moción se ha centrado en la salvaguarda del abastecimiento de agua potable en los municipios de Segovia, El Espinar y la Mancomunidad de la Mujer Muerta, en defensa de la seguridad hídrica, la transparencia y la autonomía local. Javier Figueredo, además como alcalde de El Espinar, ha defendido la moción y ha hecho un repaso histórico de la presa de El Tejo, anunciando la última notificación de la CHD que “nos hace titulares de la infraestructura y hasta de la videovigilancia”, comentando, “mañana se van a retirar las bombas eléctricas que nos permite abastecernos desde Puente Alta y durante todo el verano, casi 91.000 personas van a sufrir estas decisiones, por lo que pedimos a la CHD un poco de cordura y que se ponga de parte de los vecinos”. 

En su intervención, la propia Ana Peñalosa ha reconocido que “los ayuntamientos afectados y la ciudadanía tienen derecho a conocer toda la información”, algo que no se está produciendo y ha puesto como ejemplo que IU realizó una pregunta en el Congreso “y la respuesta del MITECO fue remitirnos a un informe de la CHD al que no tenemos acceso”. Estos argumentos han hecho afirmar al diputado de Vox, Pedro Varela que “no podemos fiarnos de este PSOE porque defiende una política de destrucción de infraestructuras hídricas”. 

Por su parte, el grupo socialista, representado por Daniel Bravo ha presentado una serie de enmiendas, involucrando a la Junta de Castilla y león, que “mejoran la moción original y recogen la necesidad de cooperación entre las administraciones”. Unas enmiendas que no han sido aceptadas por el grupo popular ya que “la principal culpable de todo lo que está pasando es la presidenta de la CHD que está puesta por Pedro Sánchez. No es la primera vez que hace cosas en contra de la ley, como ya la ha dicho un juzgado y lo que tiene que hacer es dimitir”.  Ante esto, Bravo ha acusado al PP de incorporar elementos “orientados a la confrontación política” y el presidente, Miguel Ángel de Vicente ha contraatacado diciéndole que “usted ha querido blanquear a la CHD que es quien ha creado el problema para más de 90.000 personas de esta provincia”. La única realidad, ha continuado, es que “hablamos de un ente que tiene detrás al MITECO, es decir, el Gobierno de España” y no ha dudado en afirmar que con su actitud y sus hechos “el socialismo va a poner en peligro el abastecimiento de agua en estos pueblos”, acusando a los diputados del grupo socialista de “no ser leal al Ayuntamiento de El Espinar, a los municipios de la Mancomunidad de la Mujer Muerta y a la Ciudad de Segovia”. Tras el debate, todos los diputados han votado a favor de la moción presentada por el grupo popular, excepto los socialistas y el no adscrito, David Gutiérrez que ha tenido que ausentarse, que se han abstenido. 

Otras dos mociones

Por su parte, el grupo socialista ha puesto sobre la mesa el debate del acceso a la vivienda, proponiendo una serie de medidas y demandas dirigidas a la institución provincial y a la Junta de Castilla y León. Una propuesta, calificada por el resto de grupos de “totum revolutum” que solo ha sido respaldada por la diputada de Izquierda Unida, mientras que el resto de grupos y los diputados no adscritos (que han presentado sendas enmiendas que no han sido aceptadas) han votado en contra. El diputado David Gutiérrez ha asegurado que “el problema de la vivienda en el medio rural se arregla con bonificaciones fiscales, y usted no para de instar a la Junta, pero no pide nada al Gobierno”. Por su parte, Pedro Varela ha preguntado “¿dónde están las viviendas que Pedro Sánchez prometió? ¿por qué su gobierno favorece a los okupas”, y José María Bravo ha hecho un repaso de todas las inversiones de la Junta en materia de vivienda y ha aseverado que “el Gobierno socialista solo diseña y luego les pasa la pelota a las Comunidades Autónomas”, haciendo además alusión a las promesas incumplidas y al baile de cifras de Pedro Sánchez en esta materia. 

Por último, el diputado de Vox ha planteado una propuesta en apoyo a la Guardia Civil y para el refuerzo de medios, protección y operatividad frente a la criminalidad organizada y el narcotráfico. Una propuesta, que ha basado “en la falta de efectivos se ve agravada por el incremento de la criminalidad en la provincia” y ha citado datos del Ministerio del Interior para señalar que las infracciones penales aumentaron un 13,8 % entre 2024 y 2025, y en la que se ha quedado solo porque, tal y como ha apuntado José María Bravo, “traen un caramelo que todos comprarían, pero al final le envenenan” aludiendo al último punto en el que se pedía conceder la Medalla de la Provincia, u otra distinción honorífica de carácter excepcional, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en reconocimiento a su destacada labor en la lucha contra el narcotráfico. Bravo ha aclarado que “no podemos aprobarlo porque no se puede cumplir por lo establecido en el Reglamento de Honores y distinciones, y aunque en el resto de puntos estamos muy de acuerdo, no se ajusta a la realidad de Segovia”. En sus intervenciones, POSE y IU han defendido el apoyo del Gobierno a este Cuerpo de Seguridad del Estado, a lo que Bravo ha concluido que “en el GREIM de Riaza debería haber seis efectivos y hay uno, igual no lo está haciendo tan bien Pedro Sánchez”.