El vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, asistió ayer en representación de la institución a la firma de la renovación del acuerdo de colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de la Presidencia, con las diputaciones de la Comunidad para la gestión del Fondo de Cohesión Territorial, que cuenta con 20.000.000 euros anuales y beneficia a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. En concreto, las diputaciones participan en la cofinanciación y gestión de las inversiones correspondientes a los municipios de menos de mil habitantes, y la Junta asume directamente la gestión para los municipios de más de mil habitantes.

Este fondo, destinado a financiar proyectos de inversión en obras e infraestructuras que son definidos por los propios ayuntamientos en el ámbito rural, adjudica a la Diputación de Segovia un total de 1.764.634 euros para su coordinación y distribución entre los pueblos segovianos. La iniciativa contribuye a mejorar la calidad de vida de los vecinos, modernizar los servicios públicos locales y favorecer la actividad económica y el empleo, además de contribuir a combatir la pérdida de población. Con él se acometen obras en todo lo referido a servicios locales básicos, como el arreglo de calles y plazas, el abastecimiento de agua, la adecuación de edificios municipales, el mantenimiento de parques o la instalación de alumbrado, cuya financiación es la que recae, por ser servicios generales, dentro de la competencia de la Consejería de la Presidencia, encabezada por Luis Miguel González Gago.

La Junta de Castilla y León mantiene desde 2014 un modelo de financiación estable y anual destinado a apoyar a las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias y en la prestación de los servicios públicos locales, fruto del acuerdo suscrito por las principales fuerzas políticas de las Cortes Autonómicas. Este modelo se articulaba inicialmente a través del Fondo de Participación en los Tributos Propios Autonómicos y del Fondo de Cooperación Local General. En 2022, a esta financiación se sumó el nuevo Fondo de Cohesión Territorial, dotado con veinte millones de euros, lo que permitió incrementar en más de un 24 % los recursos destinados a las entidades locales, hace tan solo cuatro años.

Asi, la aportación de las diputaciones y de los propios ayuntamientos permitirá movilizar en conjunto en Castilla y León durante 2026 un mínimo de 33,2 millones de euros. El Fondo incorpora, además, un criterio de solidaridad territorial para reforzar su impacto en aquellas provincias que afrontan mayores dificultades demográficas. Como explicó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante el acto de firma, la Junta de Castilla y León “destina más aportaciones económicas a las zonas de la Comunidad que presentan mayores dificultades demográficas, cuantificadas a través de la tasa de paro y del nivel de despoblación de cada provincia”.

Este planteamiento queda reflejado en el reparto establecido para 2026, en el que varias provincias reciben un porcentaje del Fondo superior al que les correspondería si se aplicaran exclusivamente los criterios generales de financiación local de la Comunidad. De este modo, Soria obtiene un 102 % más, Zamora un 33 % más, Palencia un 19 % más y Ávila un 14 % más.

Teniendo en cuenta que el Fondo de Cohesión Territorial pone de manifiesto la capacidad de las distintas administraciones para trabajar de manera conjunta y avanzar hacia un modelo de financiación basado en la cooperación institucional, con el objetivo de mejorar los servicios y las condiciones de vida de los vecinos del medio rural, González Gago quiso concluir subrayando el papel de las diputaciones provinciales, “cuya labor es fundamental para el funcionamiento de los municipios, y que conocen la realidad local mejor que cualquier otra”.