El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente ha presidido esta mañana la reunión de la Comisión de Modernización, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, que junto al Grupo Técnico ha centrado sus objetivos en la simplificación administrativa con el fin de facilitar al ciudadano su relación con las diferentes Administraciones y agilizar los trámites.  

De esta manera, y ahondando un poco más en este asunto, De Vicente ha propuesto también una simplificación administrativa desde las entidades supramunicipales a la hora de solicitar documentación a los ayuntamientos cuando se les conceden subvenciones.

Tras la aprobación de la incorporación de nuevos miembros al grupo técnico de la Comisión, se ha abordado la problemática del aumento de las cargas administrativas en los ayuntamientos, fundamentalmente a raíz de la pandemia. En este sentido se está trabajando con la Administración General del Estado para conseguir una comunicación simétrica interadministrativa que permita, principalmente, a los ayuntamientos no requerir a los ciudadanos información que ya obra en poder de las administraciones, y de este modo agilizar considerablemente cualquier solicitud.

Miguel Ángel de Vicente también ha querido subrayar el trabajo que la FEMP, y la propia Diputación de Segovia, viene realizando desde el mes de julio para la elaboración del Estatuto Básico de los Pequeños Municipios. Del mismo modo se ha tratado el despliegue de la tecnología 5G en el medio rural, para lo cual desde la Federación de Municipios y Provincias se pretende editar una guía informativa que se pondrá a disposición de todos los alcaldes.

Finalmente se ha dado cuenta del trabajo que se viene realizando con la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos del el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para la elaboración de una Carta de derechos digitales. La Comisión, cuya vicepresidencia ostenta la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha tratado también, entre otros asuntos, los avances del grupo de trabajo de buenas prácticas o la realización de varias jornadas de participación que enmarque el antes y el después del Covid-19, desde la innovación en la gestión, unida a la innovación social durante estos meses. Por otro lado, se ha abordado la Carta de Derechos Digitales, un documento para consulta pública que no tiene validez jurídica, pero va a servir para crear una carta local de derechos y compromisos en este sentido, que se trasladará a las entidades locales del territorio nacional.