Tal y como señala la «Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública», adoptada en el año 2017, “la integridad es uno de los pilares sobre los que se asientan las estructuras políticas, económicas y sociales, y que, por consiguiente, resulta indispensable para el bienestar económico y la prosperidad de los individuos y de la sociedad en su conjunto”.

En este sentido, la Diputación de Segovia es una Administración comprometida con los estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales y su adhesión a los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. 

De igual modo, resulta una prioridad innegociable el asentamiento en el seno de todas las entidades locales de la provincia de una cultura de tolerancia cero ante el fraude, así como de una ética de la responsabilidad construida sobre la adhesión a normas, valores y principios éticos compartidos, para mantener y priorizar el interés colectivo sobre los intereses individuales, que impregnen de manera transversal todas y cada una de dichas entidades.

A este respecto, interesa subrayar que la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), establece la obligación, en su artículo 6, apartado 1, de que toda entidad que participe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

Asimismo, todas las entidades que integran el sector público están obligadas a disponer de un Sistema Interno de Información en los términos previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (LPPI). La configuración del Sistema Interno de Información debe reunir determinados requisitos, entre otros, su uso asequible, las garantías de confidencialidad, las prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante.

Por último, debe recordarse que, mediante la Ley autonómica 4/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas, se ha creado la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, que se adscribe al Consejo de Cuentas de Castilla y León, y que extiende sus funciones, entre otros, en relación con el sector público autonómico y local del territorio de Castilla y León.

Como corolario de todo lo anterior y en virtud de las obligaciones recogidas en el artículo 36 de la LrBRL, la Diputación de Segovia pone a disposición de todas las entidades locales de la provincia una biblioteca virtual privada de documentación específicamente elaborada para ellas en materia de integridad pública y lucha contra el fraude, accesible a través de la presente «Zona Exclusiva».

>> ACCESO A LA ZONA EXCLUSIVA EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE PARA AYUNTAMIENTOS