I. LA TRANSPARENCIA PÚBLICA

La transparencia es uno de los principios fundamentales de la actuación de los poderes públicos y se refiere a la obligación de todas las Administraciones y entidades públicas de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre su gestión y funcionamiento.

Dicho principio se materializa a través de dos mecanismos básicos: de un lado, la publicidad activa y, de otro, el derecho de acceso a la información pública o publicidad pasiva. La publicidad activa consiste en la divulgación proactiva por parte de las propias Administraciones públicas de la información más relevante sobre su organización, funcionamiento y gestión, mientras que el derecho de acceso a la información permite a cualquier persona solicitar y obtener información concreta que obre en poder de las mismas como consecuencia del ejercicio de sus funciones y que no haya sido publicada previamente.

En la Constitución Española de 1978 (CE) no existe ningún precepto que se refiera de forma expresa a la "transparencia"; sin embargo, "la doctrina, la jurisprudencia y el propio legislador han considerado que sí se encuentra implícita dentro del contenido de otros derechos o principios, entre los que se encuentran, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 CE); a la participación ciudadana (art. 23 CE) o el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (art. 105.b) CE). Todo ello, sin olvidar nuestra definición como Estado social y democrático de derecho (art. 1 CE), o el propio principio de publicidad de las normas (art. 9.3 CE) y todo lo concerniente a la normativa sobre protección de datos personales" (Montero, 2020).

Tal y como señala Jiménez Asensio (2016), la transparencia debe ser considerada como un "medio" y no como un "fin" en sí misma. No en vano, la transparencia es un presupuesto esencial para la rendición de cuentas a la ciudadanía y, por ende, pilar elemental de la democracia.

Así, el propio Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), señala que "la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos."

Por ello, el sistema "debe formar ciudadanos instruidos, educados y críticos, adecuadamente informados y conscientes de lo que ocurre en su entorno cercano y en el mundo, así como claros en sus compromisos, deberes y derechos" (Terán, 2020). De este modo, "un ciudadano instruido, educado y crítico es condición vital para consolidar una sociedad democrática".

No en vano, la escucha y atención de los intereses de los ciudadanos, redundan en una mejor rendición de cuentas y en una mayor participación ciudadana, factores clave para la buena gobernanza.

II. DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTA Y DESCARGA

Se pone a disposición de toda la ciudadanía, para su consulta y descarga, los textos de la Constitución Española, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León: